Los industriales de Ecuador pidieron la “acción inmediata” de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas

Desde la Federación Nacional de industrias ecuatorianas presentaron sus demandas de “orden y paz social”, reapertura de rutas y la “judicialización de los autores, cómplices y encubridores” detrás de las manifestaciones.

Los miembros de la Federación Nacional de Industrias del Ecuador pidieron al Gobierno de Lenín Moreno la “acción inmediata” de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas populares y reabrir las rutas que llevan más de una semana obstruidas por piquetes en rechazo a la quita de subsidios al combustible.

La medida de Moreno fue la gota que rebalsó el vaso de los ecuatorianos, pero para la Federación tuvo el objetivo de “estabilizar las finanzas públicas”.

En cambio, los miembros de la organización apuntaron contra “un grupo social” que cometió un “abuso del derecho a la protesta” y paralizó el transporte de pasajeros y víveres, medicamentos y artículos de primera necesidad. También detuvo el acceso al agua potable y la comunicación, según el comunicado emitido este viernes.

La situación se volvió insostenible en Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar y Azuay, de acuerdo a la organización.

Por eso, desde la federación demandaron “una acción inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar el orden y la paz social, en estricta aplicación del estado de excepción”, que fue decretado por el Presidente esta semana.

También se pidió -o demandó- la “apertura urgente de las carreteras, que permita la libre circulación de personas, bienes y mercaderías” para permitir la reanudación del comercio, aunque sin sopesar el costo del combustible para trasladar la carga que sea.

Como tercera medida se pidió por “la judicialización de los autores, cómplices y encubridores, así como de los autores materiales e intelectuales de los delitos que se han cometido”, pero con la aclaración de que comparezcan “bajo el amparo del Código Orgánico Integral Penal, guardando las garantías del debido proceso”.

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