Mundo Azul Música las 24 hs
Previo a su viaje a Washington y al pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un control «riguroso» del gasto, el equipo de Luis Caputo envió dos mensajes claros a sus compañeros de gabinete. Por un lado, debían ajustar sus presupuestos conforme a una nueva pauta más exigente; por otro, contaban con un plazo perentorio para presentar un plan de recortes.
Según reconstruyó Clarín, el subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Cabado, fue el encargado de transmitir este mandato durante una reunión del viernes 10 de abril con los responsables financieros de cada cartera en el Ministerio de Economía. En ese encuentro, se comunicó la necesidad de aplicar un recorte adicional del 20% en el gasto de capital y del 2% en el gasto corriente.
El encuentro tuvo lugar tres días antes de que trascendiera que la orden en realidad provenía del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras en el Palacio de Hacienda y otros ministerios aseguran que la directiva se dictó en una reunión de Gabinete, en algunas carteras señalan al ministro de Economía como el impulsor. Inicialmente, el plazo para presentar los planes era hasta fin de mes, pero tras la reunión se adelantó a este viernes. Algunas áreas evalúan solicitar una extensión. Desde un despacho oficial confirmaron: «Tenemos pendiente una reunión con Hacienda para que nos indiquen qué partidas priorizar en los ajustes, pero el vencimiento en principio es el 30 de abril».
Rodrigo Cabado, que depende del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconocido por su particular forma de rechazar pedidos de fondos al mostrar una foto de Javier Milei con una motosierra sobre su escritorio, expresó su postura con firmeza: «No puedo». En las últimas semanas, Guberman manifestó inquietud por la caída de la recaudación y solicitó información sobre las ventas en el sector privado. En marzo, los ingresos tributarios cayeron un 4,8% real anual, acumulando ocho meses de retroceso, principalmente por una baja del 26% en los derechos vinculados al comercio exterior, debido a menores impuestos.
Más preocupante aún fue la disminución en términos reales de tributos ligados a la actividad económica y al mercado laboral —como el IVA, el impuesto al cheque y los aportes a la seguridad social— producto de la informalidad, las menores importaciones y la caída de salarios y empleo desde el inicio de la gestión, según el IERAL.
El Presupuesto 2026 ya incluía la subestimación de la inflación anual (10% oficial frente al 30% estimado por privados), un recurso utilizado por gestiones anteriores que permite ampliar el margen fiscal al considerar una recaudación atada a precios mientras que algunos gastos permanecen fijos. Sin embargo, este procedimiento no sería suficiente para alcanzar la meta de superávit primario establecida con el FMI, actualmente del 1,4% del PIB.
Aunque el discurso oficial sostiene que el superávit solo depende de la reducción del gasto y subas selectivas de impuestos, Caputo debió otorgar en las últimas semanas adelantos financieros por un total de 650.000 millones de pesos: 400.000 millones en adelantos de coparticipación a 12 provincias para aprobar la reforma a la Ley de Glaciares, 150.000 millones al PAMI y 100.000 millones a líneas de colectivos.
Las consultoras IERAL y Empiria estiman que el Gobierno debería aplicar un ajuste real de entre el 3% y 4% del gasto primario para mantener el equilibrio fiscal esperado. Sin embargo, el economista Roberto Frenkel, exprofesor de Javier Milei, advirtió en una entrevista que esta es una situación de «equilibrio precario», dado el ajuste ya ejecutado sobre jubilaciones, provincias y educación.
El panorama se complica porque la mitad de las erogaciones —incluyendo parte de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH)— se ajusta automáticamente con la inflación, que acumula diez meses consecutivos de aumento. En respuesta, el gobierno avanzó sobre el gasto discrecional, eliminando el programa Volver al Trabajo (reemplazado por vouchers), aunque la Justicia ordenó su inmediata restitución.
En cuanto a las partidas discrecionales, la reducción de personal ha generado tensiones internas. Según fuentes del INTI, la dirección del organismo informó que Desregulación solicitó un número superior a los 700 despidos acordados con Producción, una cifra que no será aceptada.
Otro frente conflictivo son las universidades. El Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema y busca discutir un nuevo proyecto. La ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025 prevé un ajuste automático de los fondos con la inflación, además de un incremento inicial para compensar el desfase, mientras que el proyecto oficial propone desindexar el gasto. Paralelamente, se envió un proyecto para desactivar la Ley de Discapacidad, también vetada por Milei. «Ambas leyes representan mecanismos del gobierno para evitar aumentos en el gasto, dado que están justos y no sobra nada. Cumplirán la meta, pero no sobra nada», señaló Bautista Santamarina, economista de Empiria.
En la mira también están los subsidios a la energía, las transferencias a provincias y la inversión pública. El superávit récord alcanzado en el primer trimestre del año pasado se logró gracias a un recorte sostenido del gasto y a un aumento de la deuda flotante (compromisos de pago aún pendientes de desembolso). Ahora se espera un mayor ajuste en fondos energéticos, lo que implicaría nuevas subas en las tarifas. Según Claudio Caprarulo, director de
