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Lácteos Verónica, empresa propiedad de la familia Espiñeira, enfrenta una situación cada vez más crítica. Mientras se presentó en concurso preventivo de acreedores con una deuda cercana a los 16.000 millones de pesos, una de sus tres plantas inició un proceso de reactivación mediante trabajos a fasón.
La fábrica ubicada en la localidad de Suardi, que emplea a aproximadamente 90 trabajadores, comenzó a operar parcialmente en los últimos días, tras un anuncio previo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) que la calificó como una reactivación “parcial y transitoria”.
Esta reanudación se realizó a partir de un contrato a fasón con Copalac SAS, una sociedad simplificada radicada en Morteros, Córdoba, integrada por productores tamberos regionales. El acuerdo abarca únicamente la planta de Suardi, dejando fuera las instalaciones de Clason y Lehmann.
Fuentes consultadas por Clarín Rural informaron que la semana pasada se procesó el primer camión con leche luego de más de ocho meses de inactividad. En una etapa inicial, se realizó una prueba de secado de la materia prima para evaluar la calidad del resultado y determinar la posibilidad de continuar con la elaboración.
En esta primera etapa fueron convocados entre 30 y 40 empleados, menos de la mitad de la plantilla habitual, quienes realizan turnos diarios de cuatro horas. El resto del personal aún no recibió notificación oficial ni comunicación sindical sobre su posible reincorporación, lo que genera incertidumbre y reclamos entre los trabajadores: “seguimos en la dulce espera. Hasta ahora no nos dijeron nada y no recibimos ni un solo peso. Una vergüenza”, comentaron.
Por otro lado, trascendió el interés de una reconocida láctea cordobesa por firmar nuevos contratos a fasón para la planta de Lehmann, aunque por el momento estos datos se mantienen como rumores dentro del sector.
A mediados de la semana pasada, Lácteos Verónica se presentó formalmente en el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 17, Secretaría N° 34, de la ciudad de Buenos Aires, bajo la asesoría del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo, con una deuda total de aproximadamente 16.000 millones de pesos. La empresa enfrenta múltiples pedidos de quiebra, tiene sus tres plantas paralizadas desde enero y arrastra deudas salariales con todos sus empleados desde principios de año.
Según cifras del Banco Central (BCRA), las deudas financieras ascienden a alrededor de 4.744 millones de pesos, distribuida entre entidades públicas (Banco Provincia, Ciudad y Nación) y privadas (Banco Galicia, Santander, Banco Industrial, entre otros). Además, la compañía registra 3.666 cheques rechazados por más de 13.251 millones de pesos, de los cuales se abonaron 1.973 millones, quedando un saldo pendiente de 11.278 millones.
A esta cifra se suma una deuda con proveedores de leche estimada en 60 millones de dólares, según fuentes del sector.
