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Intendentes del conurbano advierten sobre la caída de la recaudación y el aumento de la demanda de asistencia, aunque descartan riesgo de estallido social
En las últimas semanas, intendentes del peronismo y de otros espacios políticos profundizaron sus reclamos al Gobierno debido a una creciente «asfixia financiera» que atraviesan los municipios, producto de la caída de la recaudación y el incremento de la demanda de asistencia social. Aunque no vislumbran un estallido social inminente—hablan más bien de una implosión—, alertan sobre el deterioro económico y social que afecta especialmente al Gran Buenos Aires y a otros centros urbanos del país.
Si bien algunos sectores presentan indicadores positivos, como la intermediación financiera, la minería y el agro —actividades que generan menos empleo—, el desplome en la construcción, la industria y el comercio, junto con una baja sostenida en el consumo, agravan el panorama social y afectan significativamente la recaudación de provincias y municipios.
En la provincia de Buenos Aires, desde fines de 2023 se registra una caída del 4,4% en la actividad económica —excluyendo agroindustria e intermediación financiera—, con cifras negativas en todas las ramas industriales, salvo productos químicos y refinación de petróleo. Además, enero de este año marcó el peor registro de la década en la utilización de la capacidad instalada en fábricas, con un 53,6%. El cierre de 5.832 empresas y el aumento de más de 164.915 nuevos desempleados, la mayoría (142.540) en el conurbano bonaerense, reflejan la magnitud de la crisis.
En materia de recaudación, la coparticipación cayó un 11% en el primer trimestre de 2026, sumado a la reducción de otras transferencias provinciales. Según cálculos del gobernador Axel Kicillof, la pérdida total de recursos para Buenos Aires desde diciembre de 2023 supera los 22 billones de pesos, de los cuales un billón corresponde a los 135 municipios bonaerenses. A fines de marzo, Kicillof convocó a cerca de la mitad de los intendentes para comunicar este diagnóstico.
“Es una triple caída de ingresos: coparticipación de Nación, Ingresos Brutos provincial y Seguridad e Higiene municipal. La situación es de asfixia, estamos asfixiados financieramente. Se caen los ingresos y, a la vez, sube el gasto social, porque aumenta la demanda de alimentos, medicamentos, en las escuelas y hospitales públicos”, resumió un intendente peronista alineado con el gobernador.
En la Primera Sección, un jefe comunal confirmó la gravedad: “Estamos todos muy golpeados. La situación se pone cada vez más complicada, especialmente en la recaudación”. Bajo el impulso del matancero Fernando Espinoza, presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), y del ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, unos 150 intendentes entregaron un documento en el Ministerio de Economía para cuestionar a Luis Caputo por no destinar los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles —unos 3,5 billones de pesos— a obras viales ni a morigerar el precio de los combustibles.
En ese escrito, remarcaron que la demanda de ayuda social se duplicó y que en numerosas ciudades volvió el trueque en las plazas. En La Matanza, distrito más poblado del conurbano, la asistencia alimentaria pasó de 80 mil a 160 mil familias. La presencia de intendentes de 14 provincias subrayó el carácter federal de la crisis. “Cuando la crisis alcanza este nivel, desde La Quiaca hasta La Paz en Mendoza o Río Grande, no puede ocultarse. No hay relato que valga”, señaló un funcionario bonaerense. La FAM prepara una denuncia contra Caputo por presunta malversación de fondos públicos.
La crisis en los grandes centros urbanos se profundiza con la caída del tejido industrial y el derrumbe del consumo. Según el INDEC, en el cuarto trimestre de 2025 la desocupación en los partidos del Gran Buenos Aires alcanzó el 9,5%, la más alta del país, cifra que comparten también Gran La Plata, Mar del Plata y Río Gallegos. La última medición de pobreza en los 24 distritos que rodean la Capital arrojó un 32,6%, mientras que la indigencia llegó al 8%.
Federico Rodríguez Couto, coordinador macroeconómico de la consultora Empiria, señaló que “la construcción está 22% por debajo de noviembre de 2023, un año que ya venía con recesión; la industria cayó un 7% y el comercio se mantiene en niveles similares. Lo que compite con importaciones y depende del mercado interno, como el sector textil o insumos para la construcción, estará muy complicado”.
El índice de consumo del Banco Provincia, que mide los gastos con tarjetas de débito, crédito y cuenta DNI, registró en febrero una retracción interanual del 9,5%. El informe también evidenció una disminución en el número de usuarios de productos bancarios y en las transacciones financieras.
Según Poliarquía, el consumo familiar cayó un 3% en el primer trimestre de 2026 respecto al último de 2025 y un 10% en comparación con el mismo período del año anterior. “La contracción se explica por una fuerte caída en el Gran Buenos Aires y en los sectores de menores recursos. La brecha entre los niveles de consumo en el interior y en el conurbano bonaerense es la más alta del gobierno actual”, explicó su director, Alejandro
